El próximo viernes 28 de febrero se presentará en el Consejo de Gobierno la nueva normativa de conducta académica de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), y está previsto que sea aprobada, lo que supondrá un ataque para el movimiento estudiantil, y una escalada de la censura y la represión en nuestra universidad.
Tras un primer intento fallido en diciembre, un nuevo borrador será presentado, aunque prácticamente no suponga ningún cambio con respecto a la anterior propuesta. A semejanza de la Ley de Seguridad Ciudadana, esta normativa también ha sido bautizada como “la Mordaza”. Y es que esta ley ha provocado un rotundo rechazo entre las y los estudiantes.
Entre los puntos de esta normativa, descansa la calificación como “falta grave” o “falta menos grave” el hecho de interrumpir actos académicos, un recurso frecuentemente utilizado por el movimiento estudiantil para protestar contra actos imperialistas y procapitalistas. Un ejemplo de esto podría ser la interrupción en solidaridad con el pueblo palestino de un acto sionista celebrado en la universidad. La comisión de este tipo de falta podría llevar incluso a la expulsión permanente del centro.
Sin embargo, no todo queda ahí. La propuesta, de aprobarse, supondría un grave perjuicio para las y los estudiantes, ya que verían cómo les es prohibido grabar en audio o en vídeo las clases, así como fotografiar la pizarra. Incluso se consideraría falta grave la difusión de la totalidad de apuntes de un profesor o profesora, y falta menos grave la difusión parcial de los mismos. En conjunto, un retroceso para las y los estudiantes, que verían empeoradas sus condiciones de estudio.
Esta normativa está llena de ambigüedades que dejan la administración de justicia al libre albedrío de los órganos institucionales encargados de ello. Muchas faltas son consideradas “graves”, “menos graves” y “leves” en función de la gravedad de las mismas, pero no hay un criterio claro de medición. ¿Qué diferencia a un hecho indecoroso o impropio grave de otro menos grave o de otro leve?
No es casualidad que esta normativa aparezca ahora. Surge en un momento de repunte del movimiento estudiantil en nuestra universidad tras la huelga del 24 de octubre, y es una forma de intentar frenarlo y acallarlo.
Por todo ello, desde la Asociación Universitaria Miguel Hernández (AUMH) exigimos la no aprobación de esta normativa.
¡No a la censura en la URJC!
¡Contra su represión, nuestra resistencia!
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